La gestión sanitaria

La Sanidad es siempre un tema controvertido y de gran impacto tanto económico como social, que, en estos momentos, está sometido a una gran politización. El estado de salud es un  indicador fundamental del bienestar social y condición imprescindible para el desarrollo económico. La demanda de servicios de salud es creciente y cada vez más informada. Por otra parte, la Sanidad es un importante motor de creación de riqueza y empleo sostenible y la cobertura universal es también un importante elemento redistributivo de la renta. De este modo, las partidas de gasto sanitario son las más grandes, con diferencia, de los presupuestos de cada Comunidad, una media de casi el 40% y, si excluimos el gasto en educación, el 65%, siendo el sector sanitario uno de los que tienen un crecimiento más dinámico, creciendo más que el PIB.

Las Comunidades Autónomas tienen la obligación de desarrollar, con arreglo a sus competencias y dentro del marco del Sistema Nacional de Salud, la asistencia sanitaria  que nuestro régimen legislativo garantiza: la cobertura universal mediante fondos públicos, es decir, la cobertura de todos sus ciudadanos residentes o transeúntes. Y todas las Comunidades Autónomas quieren desarrollar esta función de manera excelente, de manera que los ciudadanos reciban la mejor asistencia sanitaria y los mejores cuidados de su salud, ahora y en el futuro.

Uno de los temas a abordar es el papel de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de Previsión en el Modelo de Gestión de la Salud, así como el papel del Ministerio de Trabajo en referencia a los convenios internacionales en esta materia. No parece tener papel alguno en un contexto de prestación universal (que habrá que concretar para que la organización responda realmente a tal aserto) y financiación pública basada en los presupuestos generales del Estado. Igualmente habrá que clarificar en el nuevo  modelo la dependencia patrimonial.

En este capítulo se han de desarrollar los elementos que ha de contener la Política Sanitaria, cuáles son sus objetivos  y cómo se priorizan éstos.

Por ejemplo se han de determinar aspectos tales como la separación entre financiación y provisión de los servicios, la colaboración público-privada, etc.